En las cuencas de los ríos de Honduras se encuentran tesoros vivos —11 especies de vida nuevas fueron halladas y nombradas en los últimos 25 años—, la última de ellas en honor a la organización hondureña Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh). A mil 565 kilómetros al norte, en Morelos, México, el río Cuautla y otras afluentes son también parte de la cuna de la biodiversidad genética del maíz, cuya selección durante siglos es una de las aportaciones de culturas originarias de Mesoamérica al mundo.

A pesar de que la conversación global sobre crisis climática se ha enfocado en la reducción de emisiones de carbono, la conservación de la biodiversidad ha sido considerada esencial para evitar también pérdida de vidas (incluyendo las humanas, por el deterioro de salud vinculado a pérdida de biodiversidad) desde 1993, año en que se firmó el Convenio de la Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas, ratificado por 196 países, México y Honduras entre ellos. Además, la protección de la biodiversidad también tiene efectos positivos en la captura de carbono, de acuerdo con el mismo organismo internacional.

En México, el récord de asesinatos de los defensores de esta biodiversidad había ocurrido en 2017 y 2012, (15 y 10, respectivamente), de acuerdo con la organización internacional Global Witness. Fue superado en los años más recientes de registro, 2018 y 2019 (con 14 y 18 asesinatos).  En Honduras, hay un incremento en la tendencia en asesinatos de personas defensoras del territorio a partir de 2016. En 2019 alcanzó 14. Honduras y México se sitúan debajo solamente de Brasil y Colombia en esta tendencia de violencia.

Pero organizaciones indígenas como Copinh en Centroamérica y el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDPDFT - MPT) México, no detienen su lucha.

“A más de 4 años de su muerte, Berta Cáceres sigue obteniendo victorias”, escribieron los integrantes del Copinh, tras el anuncio de que el Banco Centroamericano de Integración Económica se desvinculará del megaproyecto Agua Zarca, que amenaza la vida de los pobladores de la cuenca del río Gualcarque, defendido por Cáceres, en una de las regiones que ha quedado más vulnerada a los efectos de la actual crisis climática.

La necesidad de respetar la vida y derechos de personas defensoras del territorio atrae a México, Honduras y otros países la atención internacional. A través del Examen Periódico Universal (EPU), diversos países recomiendan a México y Honduras mejorar sus condiciones de derechos humanos. Algunos de estos países son los mismos que albergan a las empresas beneficiarias de los megaproyectos que hicieron la promesa del “desarrollo”, pero han entregado conflicto, desunión comunitaria y asesinatos de defensores. Esta serie describe algunos de los casos más emblemáticos.

“Me preocupan mis hijos, el mundo que les espera”.

Motivos para seguir en pie de lucha, dice Liliana Velázquez, defensora del territorio, no faltan.

“Para seguir en esta lucha me dan fuerza todas las injusticias que hay. Me preocupan mis hijos, el mundo que les espera. No me quiero imaginar qué futuro les espera. Yo creo que eso también me impulsa a seguir resistiendo el temor”.

Mujeres del pueblo Hñäñu, campesinos y defensores adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona descansan bajo las carpas o toman aguas frescas a unos metros del arco donde fue emboscado y asesinado Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos.

Acaba de terminar la conmemoración de la lucha de Zapata por la devolución de tierras despojadas por hacendados a campesinos a inicios del siglo pasado. Muchos lo comparan con Samir Flores, similitud que en vida rechazó siempre, lo mismo que con Vinh Flores, tío de Samir quien empujó la apertura de la Normal Rural para mujeres en Amilcingo, Morelos.

“Samir nunca se consideró ni un Zapata ni un Vinh Flores, aunque algo traía en la sangre”, dice Liliana.

El intenso rayo del sol la tiene refugiada bajo un árbol. “Es una ceiba”, alcanza a decir una pobladora de Chinameca, que va pasando.

Liliana asiente y sonríe. La ceiba es un árbol originario del área donde se separaron los continentes africano y americano. Sus flores sirven a las abejas para producir miel, y sus hojas son medicinales. El conocimiento de las plantas es una de las enseñanzas que promovía Samir en la escuela primaria que hoy lleva su nombre, también en Amilcingo.

“El general Emiliano Zapata defendía la tierra y la libertad, nosotros le añadimos la vida. Tierra, libertad y vida” dice el profesor Jorge Velázquez  (no está emparentado con Liliana), compañero de lucha de Samir desde el comienzo de la divulgación de los riesgos del proyecto.

Si la lucha sigue, coincide con Liliana, es porque saben que no puede cargarla una sola persona.

“Es la propia comunidad la que no se cansa. Nos quieren quitar lo poco que tenemos hasta el dia de hoy, que nos heredaron nuestros abuelos, el territorio que nos dedicamos a sembrar. Samir pertenecía al FDPT donde fue creador, no sólo de Amilcingo. Eso nos ha hecho hermanarnos con otras luchas”.

La lucha aquí es contra el temor, dice Liliana, el temor de que todo estalle en mil pedazos  un mal día, porque están a metros del gasoducto que el gobierno federal comenzó a construir en 2011 para transportar gas fósil, un gas de origen en carbono que ha constribuido con más del 50 por ciento de las emisiones globales de carbono desde 2016, a pesar de que es etiquetado como “natural” para propósitos comerciales. Las emisiones de carbono contribuyen a la crisis climática. De acuerdo con Witness, se requiere un decremento del 40 por ciento en la producción global de gas fósil como el del PIM para cumplir la meta de llegar a 1.5 grados sobre la temperatura preindustrial del planeta.

“La mayor exigencia sigue siendo la misma: queremos la termoeléctrica fuera. No queremos que se lleven nuestra agua del campo. Seguimos exigiendo justicia por Samir”, dice Liliana.

Aunque el actual presidente de México, en campaña presidencial detractor y ahora impulsor del Proyecto Integral Morelos, dice que su objetivo es generar energía eléctrica para el Pueblo de México, su instalación comenzó en 2011, cuando en la primera Manifestación de Impacto Ambiental se asienta que el objetivo de la construcción de los ductos para transportar gas fósil es el de alimentar los ramales privados de las empresas Burlington y Saint-Gobain y así crear un corredor industrial en Morelos.

“Cuando inició todo esto se hicieron varios estudios. Justo por estos pueblos lo que bajan son venas que vienen del volcán. Es la zona que corre peligro. Es la zona que más preocupa, el tener por un lado el volcán activo y por otro el gasoducto. En un caso de esos, estamos rodeados por el gasoducto, hacia dónde nos vamos”, acota Liliana.

Un estudio del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la universidad autónoma de Puebla (Cupreder) concluye que el excedente de gas de la termoeléctrica es de 6 millones 576 mil 742 metros cúbicos por día incluso al operar al 100 por ciento, por lo que es prácticamente imposible que el excedente no se comercialice como estaba planeado, en un corredor industrial en la zona, que adicionalmete incrementaría la densidad poblacional de las faldas del volcán, exponiendo a más población.

En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México determinó en su recomendación 2018/3 que la ejecución del Proyecto Integral Morelos había sido violatoria de los Derechos Humanos de pueblos originarios afectados por el proyecto, que no fueron consultados adecuadamente de acuerdo con mecanismos internacionales.

Aunque la Comisión Federal de Electricidad, encargada de la construcción de la termoeléctrica, señaló entonces y ahora que no hay pueblos originarios afectados, la CNDH determinó con base en datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que el PIM en su conjunto incide en 37 pueblos originarios, además de 38 comunidades de interés por contar con más de 150 habitantes indígenas.

“Se identifica una población aproximada de 51 030 personas indígenas del total”, detalla la recomendación.

Pero en la documentación que aportaron diversas dependencias a la consulta promovida por el presidente tres días después del asesinato de Samir Flores, se insistió en invisibilizar a la población indígena afectada. Cuando Samir Flores comenzó en 2011 a alertar a la población de todo esto, la estrategia de la Comisión Federal de Electricidad fue la de convencer a pobladores de apoyar el proyecto. Liliana indica que fue por medio del uso de programas públicos que eran entregados a quienes apoyaban la construcción. Amilcingo comenzó a resquebrajarse por esta presión.

“Yo creo que la comunidad se ha habido muy afectada por el rompimiento entre familias, las agresiones, los niños, entre niños se llegan a agredir en las escuelas”.

Para la defensora, el asesinato de Samir fue un daño psicológico más de la entrada del megaproyecto a las tierras de Amilcingo, y que a su vez fue facilitado por el ingreso de los partidos políticos a las poblaciones que tomaban decisiones en conjunto, por medio de asambleas.

“Era muy unido. Desde que inician estos partidos políticos es donde muchas comunidades comienzan a tener conflictos, pero a pesar de eso para muchas cosas Amilcingo era unido”, narra Liliana.

“En el centro se hacían las dos fiestas 21 de marzo y 30 de septiembre, en la que la gente de la comunidad se reunía. Los bailes, los juegos... Se concentraba en el centro. Después de estos conflictos que empieza a haber por el gasoducto la comunidad se divide, y ahora los que están a favor de estos proyectos hacen sus fiestas aparte”.

Para el gobierno federal, el riesgo de explosión por derrumbes, escurrimiento de lodos o el caso de una erupción volcánica no es real. Las preocupaciones vienen, según la documentación de la consulta, de un documento “sin logotipos” del Sistema Sismológico Nacional.

Sin embargo, la CNDH, un año atrás hizo público en la recomendación que fue un estudio del Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), y no del Sismológico Nacional, el que determinó los riesgos del trazado original de los gasoductos, y que el retrazado ocurrido como parte del proceso de implementación en 2014 no aportó ninguna evidencia de haber mitigado dichos riesgos.

De acuerdo con el documento, el trazo original del gasoducto incidía en zonas de peligro por: flujos piroclásticos y de lava en 23 kilómetros de la zona de peligro moderado y 78 kilómetros dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro es “significativo”. Además, existen peligros independientes de una potencial erupción volcánica, debido al “flujo de lodos en la zona de peligro mayor cerca de la localidad de Atlixco, Puebla, y una zona de peligro moderado de 34 kilómetros en varias zonas ubicadas al sur del volcán”.

En Amilcingo, la tierra de su compañero Samir y ahora la de sus hijos, Liliana ha pasado muchas tardes en una de las barrancas, un refugio donde el defensor enseñaba a sembrar antes de que fuera asesinado, el 20 de febrero de 2019.

“Es patrimonio de la comunidad, Samir la cuidaba mucho, llevándolos a limpiar y a sembrar árboles. Es un espacio que aún se conserva limpio. El agua que ahí corre, por esa barranca, es agua que está naciendo”.

La segunda preocupación de Liliana y su pueblo es la utilización del agua que ahora sirve para riego de cultivos, en la planta tratadora. El presidente ha dicho que el agua no es la del Río Cuautla, sino aguas negras provenientes de la Ciudad de México que pasarían por la planta de Tratamiento local. Pero esta planta es precisamente la que alimenta el Río Cuautla, con aguas tratadas. En la presentación de la consulta de 2019, el gobierno federal argumentó que entre 2015 y 2018 se instaló infraestructura de extracción de agua que supuestamente beneficiaría a los agricultores de Morelos.

Sembrar, para la población de Amilcingo, es mucho más que una actividad económica. Es el legado de Samir Flores y una manera de conservar la biodiversidad local, necesaria para evitar una crisis climática global.

La lucha de defensoras como Liliana es fundamental para esta tarea. La organización mexicana Centro Mexicano para el Derecho Ambiental, en su informe de 2020 indica que la estigmatización de defensores del territorio es un acto violento en contra de una parte fundamental del cuerpo social.

Tres días antes de la consulta, el presidente López Obrador acudió a una reunión acerca del proyecto. De acuerdo con la carta abierta de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala al mandatario, Teresa Castellanos y Aurora Valdepeña, a quienes se entregó el Premio a la Creatividad 2018 de la Mujer de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujeres con sede en Suiza, se encontraban presentes, haciendo oír su defensa de la integridad de la población y del agua, amenazada por el PIM. También estaba presente Jaime Domínguez Pérez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo 2016 y Juan Carlos Flores Solís, finalista del premio internacional de Derechos Humanos Front Line Defenders 2015.

“¡Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores, escuchen…!”, los agredió.

Días más tarde, Samir Flores Soberanes fue asesinado con un arma de fuego fuera de su casa. Todas las líneas de investigación del crimen, impune hasta la fecha, apuntan a la defensa de la justicia como móvil. De acuerdo con el último informe de la Fiscalía de Morelos las líneas son o bien que fue asesinado o por su activismo en contra del PIM, o por su defensa de derechos laborales frente a autoridades municipales, o por su defensa de la escuela primaria que hoy lleva su nombre, por su labor comunitaria a través de Radio Amiltzinko, o por la supuestamente haber denunciado a un presunto delincuente.

Burlington y Saint-Gobain, para quienes fue pensado, de acuerdo con la MIA, el corredor industrial, tienen su sede en Estados Unidos y Francia, dos de los países que han emitido recomendaciones a través del Examen Periódico Universal a México, en 2015. Elecnor, con quien se celebró el contrato de 2011, es española. También ha recomendado la instalación de medidas de protección a Derechos Humanos en el reporte de 2015. Un nuevo EPU se llevará a cabo este año.